(La Paz, 16/12/2011 VP).- La Cámara de Senadores remitió el viernes a Diputados el proyecto de Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional que tiene por objeto regular el traspaso, transferencia, funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, pasivos, y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional.
La norma que consta de 24 artículos y tres disposiciones finales establece la extinción institucional de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Agrario Nacional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional hasta el 31 de diciembre de 2011. Además, la inauguración del año judicial, fecha de posesión oficial e inicio de actividades de las nuevas autoridades electas para el 03 de enero de 2012.
El artículo quinto señala que el Consejo de la Magistratura es la encargada de emitir la convocatoria pública nacional para la conformación de la terna y posterior nombramiento de la directora o director Administrativo y Financiero por la Sala Plena del Tribunal Suprema de Justicia.
“Mientras se desarrolla el proceso de selección y designación del Director o Directora Administrativo y Financiero, la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia podrá designar al Director o Directora en forma interina; cargo que no podrá ser ejercido por un plazo mayor a los noventa días no prorrogables, bajo responsabilidad por incumplimiento de deberes. Las direcciones y unidades que actualmente tienen a su cargo el manejo administrativo y financiero bajo tuición del Consejo de la Judicatura, pasarán a depender de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, bajo tuición del Tribunal Supremo de Justicia”, establece el parágrafo segundo y tercero del artículo quinto.
El presidente de la Cámara de Senadores (MAS), René Martínez, explicó que aprobado el proyecto en grande y detalle fue remitida la norma a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción en caso de que no haya observaciones.
En ese marco, expresó su complacencia por el trabajo realizado en la Asamblea Legislativa para transparentar la justicia y hacerla gratuita.
“La demanda de gratuidad y celeridad en la Ley de Transición de Autoridades Judiciales, es una demanda de la ciudadanía, del soberano que reclamó y reclama el acceso a la justicia boliviana sin que el factor económico sea el impedimento para ejercer y gozar este derecho: Una justicia sin ningún impedimento económico, social y cultural, es lo que se plantea en este nuevo Estado Plurinacional”, manifestó.
“Con esta norma rompemos el impedimento económico y permitimos que personas con escasos recursos que antes fueron negados, tengan ahora el acceso a una justicia con igualdad, una justicia al servicio de las clases sociales; de esa mayoría que estuvieron discriminados y negados eternamente a la justicia por el factor económico que estuvo centrado en esa cúpula de poder de los partidos tradicionales”, precisó el presidente de la Cámara Alta, René Martínez.
