Diputados debaten inédito reglamento de "Participación ciudadana y deliberación pública".

 (Dir. de Comunicación CD) La Cámara de Diputados y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) presentaron este martes una propuesta de un inédito Reglamento de Participación Ciudadana y Deliberación Pública que tendrá el propósito de viabilizar los proyectos de ley elaborados por la población ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Por primera vez en la historia se va a contar con mecanismos claros, procedimientos expeditos de participación ciudadana y deliberación colectiva, esto significa que la población va a tener, a partir de este Reglamento, formas en las que va a poder participar de la elaboración de leyes, de la fiscalización a sus autoridades, un control social, y además mecanismos para coadyuvar en gestión para su territorio, su jurisdicción o su vecindario”, explicó el diputado Javier Zavaleta (MAS-MSM).
El legislador dijo que en el pasado existieron propuestas para generar espacios destinados a que la población participe activamente de la elaboración de las leyes, sin embargo se realizaron procedimientos superficiales para la participación ciudadana.
Aseguró que con la aprobación del Reglamento se pretende revertir todo aquello y darle a la población los mecanismos necesarios y mucho más eficaces para que puedan participar y trabajar junto a los legisladores.
“El objetivo es que existan las plataformas ciudadanas para que en cada una de las circunscripciones de todo el país exista una oficina parlamentaria donde la población pueda resolver algunas de sus inquietudes, demandas o sugerencias con el diputado uninominal o plurinominal. Además que existan plazos concretos para que el Legislativo resuelva las demandas”, explicó.
Zavaleta dijo que el Reglamento dará la posibilidad a la población de generar peticiones de informes escritos u orales a las autoridades, minutas de comunicación para agilizar algunos trámites o proyectos, hasta leyes y resoluciones camarales.
Este documento que fue parte del análisis y debate entre los presentes será entregado como propuesta de ante proyecto final al los jefes de bancada, brigadas y la Directiva de la Cámara de Diputados para su consideración en un segundo taller.
Por su parte, el representante de IDEA Internacional, Alfonso Ferrufino, recordó que el proyecto se circunscribe a un convenio de cooperación que fue firmado entre el organismo intergubernamental y la Cámara de Diputados, con apoyo financiero de la Cooperación Española, orientado básicamente a apoyar todo el proceso de desarrollo legislativo de la Constitución Política del Estado y el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los asambleístas.
“Como parte de ese proceso estamos llevando adelante estos talleres donde se está discutiendo una serie de reglamentos que coadyuvarán al mejor desempeño de los asambleístas. Complementariamente a este trabajo está un componente que es de apoyo a las Asambleas Departamentales, porque en la construcción general del Proyecto lo que está presente es la importancia del orden legislativo”, explicó.
Ferrufino dijo que el trabajo también fue iniciado en las Asambleas Departamentales donde se apoyará a su fortalecimiento institucional.

Asamblea autoriza a la Suprema juicio a Sánchez de Lozada y Tuto Quiroga por Petrocontratos

(La Paz, 10 de septiembre de 2011. VPE.).- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en una histórica sesión y por más de dos tercios de voto, autorizó la tarde del sábado a la Corte Suprema de Justicia el juicio de responsabilidades a los ex presidentes, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga Ramírez, por la firma de contratos que enajenaron recursos naturales del Estado sin la autorización del entonces Congreso Nacional.
La determinación fue asumida por 115 votos, más de dos tercios (111), de 166 asambleístas de las cámaras de Diputados y Senadores luego de dos días de maratónica sesión y la negativa de la oposición a viabilizar el proceso por un presunto prejuzgamiento, vulneración de la Constitución, contubernio, traición a la patria y otros argumentos que fueron refutados por el oficialismo.
El pleno de la Asamblea, también rechazó el enjuiciamiento del ex mandatario Carlos Diego Mesa Gisbert y sus ex colaboradores por considerar que se apegaron al mandato de la Constitución Política del Estado.
En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, explicó que los dos elementos que justificaron la autorización de juicio de responsabilidades, son que los contratos petroleros firmados con las empresas petroleras no fueron remitidos y autorizados por el entonces Congreso Nacional. Además, que los recursos hidrocarburíferos a ser descubiertos por las petroleras transnacionales pasaban a ser de su propiedad.
“Se ha observado que esa política entreguista de los recursos del gas y del petróleo pasen a manos de extranjeros, cuando son de los bolivianos. Esos son los dos elementos principales que han sido evaluados por los asambleístas y que ha llevado a que a través de la votación se prosiga con la investigación en el juicio de responsabilidades”, manifestó el Vicepresidente.
Esas ex autoridades son sindicados por los hechos calificados provisionalmente en los requerimientos acusatorios de delitos de resolución contraria a la Constitución Política y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.
“Son más de dos tercios, por lo tanto, ésta Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba la autorización de juicio de responsabilidades contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez; y los ex ministros del Estado sin cartera responsables de Hidrocarburos, Carlos Morales Landivar, Fernando Illanes de la Riva y el ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague Alcocer”, precisó el Vicepresidente.
A su vez, el titular de la Cámara de Senadores, René Martínez, coincidió con el Presidente de la Asamblea al señalar que el debate se fundó en la no remisión de los contratos petroleros a conocimiento del Congreso Nacional como señalaba la Constitución Política de 1967, y por haber otorgado derecho de propiedad de los recursos petroleros a las empresa transnacionales.
“Con la determinación de la Asamblea, hoy estamos devolviendo la confianza al soberano en sus instituciones, hoy estamos mostrando al pueblo que nadie podrá aprovecharse a espaldas del pueblo, hoy estamos definiendo hacer respetar nuestras riquezas que nos heredaron nuestros padres y que la disfrutarán nuestros hijos, hoy estamos honrando las memorias de Túpac Katari, Bartolina Sisa y todos los héroes indígenas que defendieron con su sangre esta tierra bendita y que Simón Bolívar, Antonio de Sucre y los héroes de la revolución nos dejaron para cuidarla y protegerla. Hoy estamos cumpliendo con un punto más con nuestros hermanos y hermanas caídos en octubre negro de 2003”, afirmó.
De su parte, la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Sandra Soriano, explicó que los cuatro contratos que hacen referencia a Jorge Quiroga son de exploración, explotación comercialización y en la que se da la producción petrolera en propiedad de las empresas estableciendo un exiguo pago del 18 por ciento en regalías para el Estado y 82 por ciento de ganancia para las transnacionales.

DIPUTADOS Y COLEGIO DE ARQUITECTOS FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO

PRENSA DIPUTADOS (05.09.11) La Cámara de Diputados y el Colegio Nacional de Arquitectos de Bolivia, además del Colegio Departamental de Arquitectos de La Paz, firmaron este lunes un convenio de cooperación interinstitucional para el concurso de Ideas Arquitectónicas que se lleva adelante para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Este evento es de gran importancia porque se trata del convenio de cooperación para el desarrollo del concurso de Ideas Arquitectónicas que mediante una resolución de Directiva de la Cámara de Diputados aprobó la ejecución del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el oficial mayor de la Cámara Baja, Franklin Portugal tras firmar el convenio.
El Oficial Mayor, en su calidad de máxima autoridad administrativa de la Cámara de Diputados firmó el convenio con el presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia, Fabián Farfán; y con el presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, Fernando Careaga.
Tras la firma del convenio, el arquitecto Fernando Careaga expresó su satisfacción por haber sido tomados en cuenta para la calificación de propuestas en las que se plasmará la nueva arquitectura en Bolivia.
“Es para el Colegio de Arquitectos un honor haber sido convocados para la gestión de este convenio interinstitucional en el que coadyuvaremos en la labor técnica para un proyecto pensado en la inclusión de todos los profesionales legalmente registrados en nuestro país, enmarcados y en apego a la legalidad que esto amerita”, señaló.
Asimismo, el arquitecto Fabián Farfán señaló que el concurso cubrirá una etapa histórica importante para el país porque implica el emplazamiento de un nuevo edifico en el kilómetro 0 del país, donde se ubica la Sede de Gobierno.
“Este concurso tiene un aliento a largo plazo que definitivamente va a generar en este lugar histórico el emplazamiento de un nuevo edificio con detalles del cambio que se está gestando en el país”, aseguró.
La Vicepresidencia del Estado, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores convocaron hace algunos meses a un concurso de ideas donde participarán todos los arquitectos bolivianos que propongan la construcción de un nuevo edificio de la sede principal de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La entrega de propuestas concluirá el próximo 09 de septiembre tras haberse realizado una convocatoria pública con las bases del concurso para que posteriormente el jurado calificador, compuesto por arquitectos y representantes legislativos, escoja el diseño que debe incluir los lineamientos de la nueva arquitectura boliviana.
El edificio será construido con los ahorros que generaron las cámaras de Senadores y Diputados y la Vicepresidencia durante la gestión 2010, que alcanzan a cerca de 28 millones de bolivianos, y junto al ahorro que se genere en la presente gestión.