La ” judicialización de la política” consiste en el uso de herramientas legales como estrategia para atacar a un adversario político o ideológico. De forma ilegal y abusiva se emplean demandas, investigaciones judiciales y otras maniobras legales para desacreditar acciones y perseguir o neutralizar a oponentes, se libra en tribunales y busca lograr objetivos políticos a través de medios legales. También conocido como “lawfare” (en inglés), que se traduce como "guerra jurídica" o "guerra legal", se conoce también como instrumentalización de la justicia o acoso judicial.
EL MOMENTO POLITICO
Producto de la Crisis de Estado en Bolivia y el momento que vive la coyuntura internacional, los principales actores políticos corporativos del país, viven también una crisis, cada uno en diferente grado y de diferentes características. El gobierno ha mutado de una descomposición a una desintegración producto de su incapacidad de frenar y revertir el declive en el que ha entrado hace varios meses. El MAS liderado por Evo Morales (EMA) también muestra señales de crisis al no poder encarar una diferenciación explicita y de fondo del actual gobierno que es su hechura. Los líderes u organizaciones de la “derecha” aun no logran establecer los principios elementales de su acción política por no tener la capacidad de articular un programa de fondo pero también para resolver la actual coyuntura en la que el gobierno ha situado al país. Las organizaciones sociales han caído en el mero servilismo sin identidad propia ni agenda nacional, por el contrario apuestan a una agenda sectorial e individual, sectaria en la que sucumben ante actitudes venales que los reduce en su capacidad propositiva y liderazgo. En ese entendido los movimientos sociales son aun exiguos, menores e incipientes. En la sociedad cunde la desesperanza, la desconfianza, y la angustia.
Nos encontramos en el interregno y en un escenario así, abundan las degradaciones, las iniquidades y las incongruencias.
LA NUEVA TÁCTICA DE LUIS ARCE
En este escenario, hoy se vislumbra una nueva táctica política impulsada por el gobierno de Luis Arce (LAC): el enjuiciamiento de EMA. Las denuncias y el intento de detención del ex presidente en los últimos días impulsado por personeros del gobierno incluido el propio presidente de forma pública son parte de una operación política producto de ésta táctica. Son casos penales de diferentes características contra EMA (hasta ahora 7 casos) iniciados la mayoría de ellos en los últimos días que provienen de asuntos políticos, sin embargo es uno el que al parecer es la “punta de lanza”: el caso de estupro. Entre los propios abogados encargados de los casos se han hecho públicas sus discrepancias respecto a el rumbo y sustento de la táctica, en cuanto a el “debido proceso” y las “garantías procesales” menoscabadas, y la sensación que se extiende en la población y de los propios actores políticos la del “acoso político”. Alargar el proceso lo suficiente para debilitar políticamente al candidato EMA y promover su detención, asistidos de una incesante campaña mediática al respecto, es el propósito de LAC para deshacerse de su contrincante, que por otra parte, antes ya había abierto otros frentes igualmente solapados para la inhabilitación de EMA y la proscripción de su sigla electoral.
EL SISTEMA DE JUSTICIA
Las consecuencias de promover este tipo de acciones en las que se deterioran los principios elementales de un concepto como es el de la “justicia” es el de la “desinstitucionalización”, es decir que la institución en este caso el “sistema de justicia” ya no honra el principio fundamental de la justicia, sino por el contrario acomete con las premisas exactamente contrarias a este principio, lo cual deriva inexorablemente en el descredito, primero de sus operadores y sus actos, y luego de la propia institución, y si este descredito no se frena y corrige inmediatamente carcome lentamente cada parte de toda la institución hasta convertirla en una cascara sin valor alguno para el Estado. Además la exigencia de respuestas de la sociedad en el marco de su principio fundamental de justicia crece y se transforma paulatinamente en una movilización social contra la propia institución con consecuencia imprevisibles. En Bolivia el sistema de justicia arrastra síntomas de descomposición desde hace tres décadas lo que la vuelve una de las instituciones más desacreditadas de todas y la sociedad boliviana ha sido testigo en reiteradas oportunidades de la implementación de la estrategia de la “judicialización de la política” por parte de actores políticos de distintas ascendencias. La mayoría de estos escándalos solo ha traído descredito a la política y los propios actores que la han utilizado, generando una crisis al interior del sistema democrático.
Hoy nos encontramos ante un momento similar con la agravante de que esta crisis están dentro de un proceso terminal de desinstitucionalización del sistema de justicia que hoy se encuentra dentro de una Crisis de Estado y que a la vez ha generado una movilización del descontento en ascenso. Un coctel volátil que Bolivia tiene en sus manos.
LA AGENDA SUCIA PROPUESTA
La idea de que EMA no participe de la contienda electoral próxima no es nueva, sin embargo lo nuevo es la arremetida a gran escala que LAC ha iniciado a través de la “judicialización de la política”. A esto se suma la situación del movimiento social y las características de la principal denuncia contra EMA, podemos suponer que, las posibilidades de un viraje del rumbo de la agenda política, son probables y puede materializarse los próximos meses. Este viraje surgido de prácticas reñidas con la ética política que plantea el gobierno la denomino la nueva “agenda sucia”.
El caso denominado como la “punta de lanza” de este ataque está situada en el ámbito de lo moral lo cual es comúnmente utilizado en la política boliviana e internacional. Atacar la integridad moral de la persona incidiendo en su simbolismo de líder con una afrenta atroz y de gran peso, que además promueve y exige un castigo proporcional más allá de sus derechos y de las propias leyes: es un linchamiento. Es decir que se le intenta dar un castigo ejemplar sin importar las formas establecidas por la norma. En esta arremetida no solamente se utiliza los estrados judiciales sino también se hace uso de amplios recursos mediáticos que ahondan en el supuesto delito y obviamente en la necesidad de castigo. Pero además de esos recursos se instaura una articulación de actores de diferentes tipos y geografía para posicionar la consigna de forma más eficaz.
De esta forma el impacto es más efectivo, para que la población termine apoyando la operación y exija acabar con el sujeto según la consigna diseñada. El castigo debería ser una pena de la justicia luego de un proceso judicial, sin embargo al ser un estrategia política que instrumentaliza la justicia, esto no es relevante y hasta puede ser contraproducente una pena judicial, lo verdaderamente importante es la pena política que generalmente es el descredito extremo del sujeto que finalmente termina aislado y excluido sin pretensiones políticas con reducidas posibilidades de incidir en el escenario. Definitivamente las características de tácticas de este tipo pueden llegar a modificar la agenda política nacional y esa es la intención de LAC.
En este momento el delito incriminado a EMA cumple esta característica de índole moral, los indicios son creíbles, el sistema esta modelado para proceder inflexiblemente, los diferentes actores adversarios están articulados y los medios de comunicación se han desplegado en torno a la misma táctica, por lo que no es disparatado esperar el alineamiento de la mayoría de la población para exigir el castigo.
Sin embargo hoy esta táctica se enfrenta a un disyuntiva adicional, es el hecho que el sujeto goza de una popularidad en ascenso, lo que le otorga una capacidad de reacción de características de movilización social, y el denunciante está dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para alentarla, aun en su pronunciado declive, anunciando una destrucción de su propia imagen y gestión en el intento. Al gobierno además no le quedan muchos otros recursos, ni tiempo suficiente, ni capacidad para lograr el mismo objetivo, lo que explica la condición suicida de la operación.
El gobierno entonces ha propuesto una nueva agenda sucia, que incluso ha significado su controversia con uno de los referentes de la izquierda hispanoamericana como es el “Grupo de Puebla” que en días pasados ha denunciado este “lawfare”.
INFERENCIA
Por lo expuesto se desprende que estamos ante la posibilidad de que el acoso político iniciado a EMA se intensifique hasta consecuencias no vistas en los últimos tiempos, y una reacción de los adeptos de EMA de proporciones similares, lo que vislumbra un escenario político de características disímiles.
Si el gobierno tiene la capacidad y fuerza suficiente para concluir la operación y el movimiento popular no tiene la fuerza suficiente de repelerla en las calles estamos ante la posibilidad de que las candidaturas para la proxima eleccion nacional se definan de entre aquellos politicos que salgan relativamente ilesos de esta etapa de la conforntacion.
Esta nueva operación desplegada adicionalmente suma al electorado en dilemas particularmente inusitados. Dilemas que pueden ser analizados en un documento especial. Pronto veremos el comportamiento de la población para dilucidar sus dilemas en un contexto político que cada día se degrada con más velocidad.
