sábado, 29 de marzo de 2025
martes, 5 de noviembre de 2024
La agenda sucia
La ” judicialización de la política” consiste en el uso de herramientas legales como estrategia para atacar a un adversario político o ideológico. De forma ilegal y abusiva se emplean demandas, investigaciones judiciales y otras maniobras legales para desacreditar acciones y perseguir o neutralizar a oponentes, se libra en tribunales y busca lograr objetivos políticos a través de medios legales. También conocido como “lawfare” (en inglés), que se traduce como "guerra jurídica" o "guerra legal", se conoce también como instrumentalización de la justicia o acoso judicial.
EL MOMENTO POLITICO
Producto de la Crisis de Estado en Bolivia y el momento que vive la coyuntura internacional, los principales actores políticos corporativos del país, viven también una crisis, cada uno en diferente grado y de diferentes características. El gobierno ha mutado de una descomposición a una desintegración producto de su incapacidad de frenar y revertir el declive en el que ha entrado hace varios meses. El MAS liderado por Evo Morales (EMA) también muestra señales de crisis al no poder encarar una diferenciación explicita y de fondo del actual gobierno que es su hechura. Los líderes u organizaciones de la “derecha” aun no logran establecer los principios elementales de su acción política por no tener la capacidad de articular un programa de fondo pero también para resolver la actual coyuntura en la que el gobierno ha situado al país. Las organizaciones sociales han caído en el mero servilismo sin identidad propia ni agenda nacional, por el contrario apuestan a una agenda sectorial e individual, sectaria en la que sucumben ante actitudes venales que los reduce en su capacidad propositiva y liderazgo. En ese entendido los movimientos sociales son aun exiguos, menores e incipientes. En la sociedad cunde la desesperanza, la desconfianza, y la angustia.
Nos encontramos en el interregno y en un escenario así, abundan las degradaciones, las iniquidades y las incongruencias.
LA NUEVA TÁCTICA DE LUIS ARCE
En este escenario, hoy se vislumbra una nueva táctica política impulsada por el gobierno de Luis Arce (LAC): el enjuiciamiento de EMA. Las denuncias y el intento de detención del ex presidente en los últimos días impulsado por personeros del gobierno incluido el propio presidente de forma pública son parte de una operación política producto de ésta táctica. Son casos penales de diferentes características contra EMA (hasta ahora 7 casos) iniciados la mayoría de ellos en los últimos días que provienen de asuntos políticos, sin embargo es uno el que al parecer es la “punta de lanza”: el caso de estupro. Entre los propios abogados encargados de los casos se han hecho públicas sus discrepancias respecto a el rumbo y sustento de la táctica, en cuanto a el “debido proceso” y las “garantías procesales” menoscabadas, y la sensación que se extiende en la población y de los propios actores políticos la del “acoso político”. Alargar el proceso lo suficiente para debilitar políticamente al candidato EMA y promover su detención, asistidos de una incesante campaña mediática al respecto, es el propósito de LAC para deshacerse de su contrincante, que por otra parte, antes ya había abierto otros frentes igualmente solapados para la inhabilitación de EMA y la proscripción de su sigla electoral.
EL SISTEMA DE JUSTICIA
Las consecuencias de promover este tipo de acciones en las que se deterioran los principios elementales de un concepto como es el de la “justicia” es el de la “desinstitucionalización”, es decir que la institución en este caso el “sistema de justicia” ya no honra el principio fundamental de la justicia, sino por el contrario acomete con las premisas exactamente contrarias a este principio, lo cual deriva inexorablemente en el descredito, primero de sus operadores y sus actos, y luego de la propia institución, y si este descredito no se frena y corrige inmediatamente carcome lentamente cada parte de toda la institución hasta convertirla en una cascara sin valor alguno para el Estado. Además la exigencia de respuestas de la sociedad en el marco de su principio fundamental de justicia crece y se transforma paulatinamente en una movilización social contra la propia institución con consecuencia imprevisibles. En Bolivia el sistema de justicia arrastra síntomas de descomposición desde hace tres décadas lo que la vuelve una de las instituciones más desacreditadas de todas y la sociedad boliviana ha sido testigo en reiteradas oportunidades de la implementación de la estrategia de la “judicialización de la política” por parte de actores políticos de distintas ascendencias. La mayoría de estos escándalos solo ha traído descredito a la política y los propios actores que la han utilizado, generando una crisis al interior del sistema democrático.
Hoy nos encontramos ante un momento similar con la agravante de que esta crisis están dentro de un proceso terminal de desinstitucionalización del sistema de justicia que hoy se encuentra dentro de una Crisis de Estado y que a la vez ha generado una movilización del descontento en ascenso. Un coctel volátil que Bolivia tiene en sus manos.
LA AGENDA SUCIA PROPUESTA
La idea de que EMA no participe de la contienda electoral próxima no es nueva, sin embargo lo nuevo es la arremetida a gran escala que LAC ha iniciado a través de la “judicialización de la política”. A esto se suma la situación del movimiento social y las características de la principal denuncia contra EMA, podemos suponer que, las posibilidades de un viraje del rumbo de la agenda política, son probables y puede materializarse los próximos meses. Este viraje surgido de prácticas reñidas con la ética política que plantea el gobierno la denomino la nueva “agenda sucia”.
El caso denominado como la “punta de lanza” de este ataque está situada en el ámbito de lo moral lo cual es comúnmente utilizado en la política boliviana e internacional. Atacar la integridad moral de la persona incidiendo en su simbolismo de líder con una afrenta atroz y de gran peso, que además promueve y exige un castigo proporcional más allá de sus derechos y de las propias leyes: es un linchamiento. Es decir que se le intenta dar un castigo ejemplar sin importar las formas establecidas por la norma. En esta arremetida no solamente se utiliza los estrados judiciales sino también se hace uso de amplios recursos mediáticos que ahondan en el supuesto delito y obviamente en la necesidad de castigo. Pero además de esos recursos se instaura una articulación de actores de diferentes tipos y geografía para posicionar la consigna de forma más eficaz.
De esta forma el impacto es más efectivo, para que la población termine apoyando la operación y exija acabar con el sujeto según la consigna diseñada. El castigo debería ser una pena de la justicia luego de un proceso judicial, sin embargo al ser un estrategia política que instrumentaliza la justicia, esto no es relevante y hasta puede ser contraproducente una pena judicial, lo verdaderamente importante es la pena política que generalmente es el descredito extremo del sujeto que finalmente termina aislado y excluido sin pretensiones políticas con reducidas posibilidades de incidir en el escenario. Definitivamente las características de tácticas de este tipo pueden llegar a modificar la agenda política nacional y esa es la intención de LAC.
En este momento el delito incriminado a EMA cumple esta característica de índole moral, los indicios son creíbles, el sistema esta modelado para proceder inflexiblemente, los diferentes actores adversarios están articulados y los medios de comunicación se han desplegado en torno a la misma táctica, por lo que no es disparatado esperar el alineamiento de la mayoría de la población para exigir el castigo.
Sin embargo hoy esta táctica se enfrenta a un disyuntiva adicional, es el hecho que el sujeto goza de una popularidad en ascenso, lo que le otorga una capacidad de reacción de características de movilización social, y el denunciante está dispuesto a utilizar todos los recursos a su alcance para alentarla, aun en su pronunciado declive, anunciando una destrucción de su propia imagen y gestión en el intento. Al gobierno además no le quedan muchos otros recursos, ni tiempo suficiente, ni capacidad para lograr el mismo objetivo, lo que explica la condición suicida de la operación.
El gobierno entonces ha propuesto una nueva agenda sucia, que incluso ha significado su controversia con uno de los referentes de la izquierda hispanoamericana como es el “Grupo de Puebla” que en días pasados ha denunciado este “lawfare”.
INFERENCIA
Por lo expuesto se desprende que estamos ante la posibilidad de que el acoso político iniciado a EMA se intensifique hasta consecuencias no vistas en los últimos tiempos, y una reacción de los adeptos de EMA de proporciones similares, lo que vislumbra un escenario político de características disímiles.
Si el gobierno tiene la capacidad y fuerza suficiente para concluir la operación y el movimiento popular no tiene la fuerza suficiente de repelerla en las calles estamos ante la posibilidad de que las candidaturas para la proxima eleccion nacional se definan de entre aquellos politicos que salgan relativamente ilesos de esta etapa de la conforntacion.
Esta nueva operación desplegada adicionalmente suma al electorado en dilemas particularmente inusitados. Dilemas que pueden ser analizados en un documento especial. Pronto veremos el comportamiento de la población para dilucidar sus dilemas en un contexto político que cada día se degrada con más velocidad.
lunes, 16 de septiembre de 2024
El “escape hacia adelante” de Luis Arce
Ante situaciones complejas en las que las personas se creen acorraladas, es común ver acciones o estrategias que, en lugar de enfrentar el problema o situación difícil, de forma directa, de manera impulsiva optan por evadirlo o superarlo rápidamente con medidas apresuradas, arriesgadas o extremas. Es decir, optan por un “escape hacia adelante”.
El proyecto político frustrado
El “arcismo” surgió de forma enérgica el año 2021 y se auto caracterizaron como los “renovadores”, sin embargo, aún Bolivia no sabe en qué consiste la llamada “renovación” de Luis Arce. Hasta el día de hoy no tuvieron la capacidad de construir un proyecto político alternativo como decían ser, no precisaron su ideología, no generaron un discurso político, no crearon una estructura de simpatizantes y finalmente las propuestas que implementaron desde el gobierno fueron fallidas y no abordaron el fondo de las contradicciones de la sociedad boliviana para ofertarle un mejor derrotero.
Esto sumado a la crisis de Estado que ha fomentado el propio gobierno en medio de una crisis económica mal encarada, ha generado que su credibilidad y legitimidad hayan sido seriamente afectadas añadiendo un factor de alta gravedad a la ingobernabilidad en la que se han sumido.
En un escenario de esas características sus operadores políticos (funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones sociales allegados a Luis Arce) no tuvieron los elementos suficientes para consolidar una base social que los sustente luego de la disputa iniciada con el presidente del partido que los había llevado a gobernar. Su evidente estrategia de adueñarse del MAS-IPSP naufraga a cada momento y la intención de anular a Evo Morales como líder del partido, no prospera.
El “arcismo” no pudo cuajar como un proyecto político y a la fecha se muestra más como un hato de funcionarios públicos y pocos dirigentes de organizaciones sociales que presumen de forma errada que su amalgama política es el aborrecimiento a Evo.
Todos estos factores han llevado a delinear un proyecto político frustrado lo que sitúa al presidente en una situación muy delicada, aun cuando en los próximos meses opte por alguna sigla electoral existente para intentar continuar con su carrera política.
El declive
La crisis económica que vive el país no se ha resuelto y por el contrario tiende a agravarse afectando seriamente a la población, las iniciativas del gobierno en este aspecto han fracasado y no existe un plan de emergencia para contenerla.
La corrupción en diferentes niveles del gobierno denunciada hace mucho tiempo atrás no tiene moderación alguna y no se advierte de parte del presidente intención alguna para frenarla.
Las políticas fallidas de parte del presidente y sus ministros se han convertido en un signo del gobierno y la autocrítica no asoma, viendo una carencia en la rectificación de los errores cometidos.
Las deserciones en la órbita de Luis Arce están en las renuncias a cargos administrativos, en el pensamiento y en las tácticas que utiliza el gobierno, dejando cada vez más desamparado al presidente y sin cuadros políticos que coadyuven en la resolución de las crisis. Los voceros que otrora defendían al presidente y sus medidas hoy son insuficientes y es el propio Arce que asume su propia vocería en un ambiente de baja credibilidad del gobierno y una legitimidad disminuida. Los sendos mensajes presidenciales (agosto 6) han planteado una nueva agenda que no ha sido admitida por los grandes actores políticos, (septiembre 8) han planteado un diagnostico que no comparte la mayoría de los bolivianos y (septiembre 15) finalmente se decantan por un “escape hacia adelante”, por lo tanto, estos mensajes presidenciales no han logrado modificar el escenario político a favor del gobierno y se agota el discurso del primer mandatario.
Su situación personal comprometida
La miopía política de Luis Arce y sus allegados les llevaron a pensar que podían pasar por encima de la Ley y la Constitución aventurándose en medidas osadas que rondan el delito. Su penetración en el Órgano Judicial, luego en el Órgano Legislativo y ahora en el Órgano electoral, al parecer fue parte de una estrategia para brindarles impunidad sobre esas medidas, en función del supuesto éxito de las mismas. Pero al haber fracasado con esas medidas fallidas, hoy es evidente que los otrora serviles funcionarios que socaparon sus acciones, pretenden abandonar al gobierno y hasta renegar de él. Lo que suma un nuevo frente que daña la solidez de Arce.
La forma entusiasta en la que los hijos del presidente han irrumpido en la gestión de su padre hoy pesa en contra y mañana cobrará una factura muy cara, desde todo punto de vista su participación en el gobierno es indebida y Luis Arce parece no darse cuenta, o piensa que sus acciones serán olvidadas en la medida de los éxitos que cosecharán él y su familia, para el país. Pero esos éxitos nunca llegaron y las denuncias respecto a la indebida y constante participación de la familia del presidente en la gestión pública, son diversas y generan un malestar generalizado de la población con su gobierno.
INFERENCIA
Los discursos presidenciales y las tácticas políticas que desarrolla Luis Arce denotan que el gobierno ya ha asumido consciencia de su declive y avizora un escenario político más complejo para el futuro inmediato, sin embargo, la táctica del “escape hacia adelante” agrega un aura de volatilidad al desenlace de su declive que puede arrastrar a la sociedad boliviana a un escenario catastrófico.
Está claro que la posición del presidente en un ambiente altamente adverso es insostenible en la medida de que el gobierno no tenga un diagnóstico acertado respecto a la situación del país, una alianza suficiente que le otorgue gobernabilidad y un dialogo que le permita generar una nueva legitimidad.
Por ahora la crisis de Estado crece, la crisis económica arrecia, la inacción del gobierno se mantiene y la táctica del “escape hacia adelante” del presidente, advierte del abuso del uso de la fuerza pública y de una persecución judicial a los detractores del gobierno, en un afán de mantener el manejo de las riendas del momento político.
Hoy el presidente solo apunta a evitar que su mandato sea recortado por la fuerza de sus contrarios a través de un “escape hacia adelante” y también a generar el mayor daño posible a Evo Morales, lo que hace presumir un enfrentamiento con sectores que en la escalada del descontento se radicalizan cada día más por la falta de soluciones a las crisis de parte de Luis Arce Catacora. En este momento el “escape hacia adelante” nos sitúa ante un posible escenario futuro de resolución violenta del conflicto.
15 de septiembre de 2024