El día jueves 2, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos sin modificaciones, norma que había sido propuesta en la Cámara de Senadores.
Es indiscutible la necesidad de una norma como esta, que establezca criterios más duros (por Ej. La incautación) para las legalizaciones de vehículos, ya que el control para su ingreso por las fronteras es deficiente, y además considerando la complicidad de algunos Gobiernos Municipales que otorgan placas sin respetar procedimientos estandarizados en nuestro país. Sin embargo, y mas allá del diagnostico que puede legitimar la decisión tomada de aprobar esta norma, lo cierto es que no se puede soslayar la realidad de esta problemática.
Primero, se hace evidente el fracaso de las autoridades e instituciones que tienen a su cargo el control en fronteras.
Segundo, no existe una política nacional, seria, respecto a la lucha contra el contrabando. Lo que hay es simplemente buenas intenciones que son claramente insuficientes.
Tanto los jefes de Bancada de ambas cámaras legislativas, como el Órgano Ejecutivo están en la obligación de exponer a Bolivia entera, una estrategia en profundidad que provea resultados objetivos, que evite que la buena intención de la lucha contra el contrabando se convierta en una impostura.
