De acuerdo a convencionalismos internacionales, el desastre y la emergencia, no son otra cosa que la materialización del riesgo, y el riesgo es el producto de la volátil combinación (en diferentes niveles) de dos factores: las amenazas y las vulnerabilidades, las cuales se desarrollan en un determinado sector. Es decir que si se quiere afrontar con éxito la disminución de los efectos de un desastre, es imprescindible empezar por el análisis de estos factores, el cual recibe el nombre de “Gestión de Riesgos”. Pero por otro lado, es importante tener en claro que, ante la magnitud de los “eventos adversos” que afronta la humanidad y ante la complejidad que representa pretender la disminución de sus efectos sobre nuestra civilización, cobra similar importancia el contar con mecanismos y recursos adecuados para responder ante la inminencia o la activación de un evento adverso, el estudio de estos mecanismos y recursos recibe el nombre de “Administración de Desastres”. Este grosero resumen de dos disciplinas que abarcan áreas del conocimiento bastante grandes, tiene el objetivo de sensibilizar al lector acerca de la profundidad con la que se debe tratar estas temáticas.
Los eventos adversos se desarrollan en el mundo a la par de la humanidad, con diferentes características. Bolivia no es la excepción, este territorio desde tiempos inmemoriales ha sufrido los embates de terremotos, inundaciones, aludes de tierra, sequías, erupciones volcánicas, pandemias, etc., etc. A medida que nuestra población crece y nuestros asentamientos se expanden, crecen también nuestras vulnerabilidades y factores como el agua, el frío, el calor del sol, la topografía, etc. se constituyen en amenazas, desatando calamidades que se han cobrado innumerables vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas, afectando al desarrollo de la nación. En el mundo son muchos los ejemplos de desastres que han logrado estancar el desarrollo de un país hasta por dos décadas.
A principio de los años noventa, Bolivia ha encarado con mayor responsabilidad las temáticas de la Gestión de Riesgos y la Administración de Desastres, logrando importantes avances en ellas. Un claro ejemplo de esto es la promulgación de las leyes 2140 y 2335 y sus decretos reglamentarios, que abordan estas temáticas y las regulan. A varios años de su puesta en marcha podemos evidenciar dos falencias que a estas alturas exigen una intervención inmediata. Por un lado esta la generalidad de la norma que ha creado desorden e ineficacia a la hora de su aplicación en diferentes territorios, bajo diferentes condiciones y en diferentes intensidades, y por otro lado la insuficiente socialización y sensibilización de la población en sus diferentes estratos, desde los gobernantes hasta la comunidad en general que en su desconocimiento de esta problemática reconstruyen las vulnerabilidades y acrecientan las amenazas.
Los últimos años nuestro país ha sufrido las consecuencias del fenómeno ENOS (el niño - oscilación del sur) incluida su variante conocida como “la niña”, poniendo en el debate nacional las temáticas de la Gestión de Riesgos y la Administración de Desastres, lo cual es positivo en la medida que este debate sea fructífero y el Estado y la sociedad hagan de sus experiencias lecciones aprendidas. Ante este escenario es nuestra responsabilidad contribuir con los siguientes criterios:
- El fenómeno ENOS es un evento cuya historia se remonta a la época prehispánica y cuya aparición es predecible con una anticipación no mayor 12 meses en el continente americano.
- Los efectos del fenómeno ENOS en nuestro país son impredecibles, solo se puede asegurar que conlleva desordenes en el comportamiento climático del continente.
- El desastre tiene un ciclo, en el que hay un antes, un durante y un después, por lo tanto los gobiernos deben organizar su gestión considerando estos tres momentos.
- La respuesta al desastre debe contar con protocolos específicos y previamente socializados que eviten la politización o tergiversación de la ayuda humanitaria.
- La Gestión de Riesgos es transversal a todos los ámbitos de un gobierno, sea este nacional, departamental o municipal y debe estar institucionalizado.
- Toda infraestructura a edificarse debe responder y estar adecuada a un mapa de riesgos del área en la que se construirá, del mismo modo, cada asentamiento poblacional debe contar con un mapa de riesgos.
- La alerta roja puede ser declarada también ante la inminencia de un evento adverso y no solo cuando este se ha desatado.
- El comando de operaciones de emergencia, ya sea municipal, departamental o nacional debe estar a cargo de una persona especializada en esta materia y con amplias facultades, el cual actuará en coordinación con la autoridad política.
- De acuerdo a las leyes vigentes el gobierno debe crear un fondo anual para la atención de desastres (FORADE), hasta finalizar el año 2007 este fondo no había sido creado.
- Las leyes vigentes en este ámbito deben ser complementadas incorporando estos aspectos.
En términos económicos, el efecto de un desastre es 200 veces más costoso de lo que podría costar la prevención, la mitigacion y la preparación, y el tiempo para el retorno a la normalidad seria mas estrecho. La gestión de riesgos debe ser parte de la agenda de todo gobernante, en todo momento.
Los eventos adversos se desarrollan en el mundo a la par de la humanidad, con diferentes características. Bolivia no es la excepción, este territorio desde tiempos inmemoriales ha sufrido los embates de terremotos, inundaciones, aludes de tierra, sequías, erupciones volcánicas, pandemias, etc., etc. A medida que nuestra población crece y nuestros asentamientos se expanden, crecen también nuestras vulnerabilidades y factores como el agua, el frío, el calor del sol, la topografía, etc. se constituyen en amenazas, desatando calamidades que se han cobrado innumerables vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas, afectando al desarrollo de la nación. En el mundo son muchos los ejemplos de desastres que han logrado estancar el desarrollo de un país hasta por dos décadas.
A principio de los años noventa, Bolivia ha encarado con mayor responsabilidad las temáticas de la Gestión de Riesgos y la Administración de Desastres, logrando importantes avances en ellas. Un claro ejemplo de esto es la promulgación de las leyes 2140 y 2335 y sus decretos reglamentarios, que abordan estas temáticas y las regulan. A varios años de su puesta en marcha podemos evidenciar dos falencias que a estas alturas exigen una intervención inmediata. Por un lado esta la generalidad de la norma que ha creado desorden e ineficacia a la hora de su aplicación en diferentes territorios, bajo diferentes condiciones y en diferentes intensidades, y por otro lado la insuficiente socialización y sensibilización de la población en sus diferentes estratos, desde los gobernantes hasta la comunidad en general que en su desconocimiento de esta problemática reconstruyen las vulnerabilidades y acrecientan las amenazas.
Los últimos años nuestro país ha sufrido las consecuencias del fenómeno ENOS (el niño - oscilación del sur) incluida su variante conocida como “la niña”, poniendo en el debate nacional las temáticas de la Gestión de Riesgos y la Administración de Desastres, lo cual es positivo en la medida que este debate sea fructífero y el Estado y la sociedad hagan de sus experiencias lecciones aprendidas. Ante este escenario es nuestra responsabilidad contribuir con los siguientes criterios:
- El fenómeno ENOS es un evento cuya historia se remonta a la época prehispánica y cuya aparición es predecible con una anticipación no mayor 12 meses en el continente americano.
- Los efectos del fenómeno ENOS en nuestro país son impredecibles, solo se puede asegurar que conlleva desordenes en el comportamiento climático del continente.
- El desastre tiene un ciclo, en el que hay un antes, un durante y un después, por lo tanto los gobiernos deben organizar su gestión considerando estos tres momentos.
- La respuesta al desastre debe contar con protocolos específicos y previamente socializados que eviten la politización o tergiversación de la ayuda humanitaria.
- La Gestión de Riesgos es transversal a todos los ámbitos de un gobierno, sea este nacional, departamental o municipal y debe estar institucionalizado.
- Toda infraestructura a edificarse debe responder y estar adecuada a un mapa de riesgos del área en la que se construirá, del mismo modo, cada asentamiento poblacional debe contar con un mapa de riesgos.
- La alerta roja puede ser declarada también ante la inminencia de un evento adverso y no solo cuando este se ha desatado.
- El comando de operaciones de emergencia, ya sea municipal, departamental o nacional debe estar a cargo de una persona especializada en esta materia y con amplias facultades, el cual actuará en coordinación con la autoridad política.
- De acuerdo a las leyes vigentes el gobierno debe crear un fondo anual para la atención de desastres (FORADE), hasta finalizar el año 2007 este fondo no había sido creado.
- Las leyes vigentes en este ámbito deben ser complementadas incorporando estos aspectos.
En términos económicos, el efecto de un desastre es 200 veces más costoso de lo que podría costar la prevención, la mitigacion y la preparación, y el tiempo para el retorno a la normalidad seria mas estrecho. La gestión de riesgos debe ser parte de la agenda de todo gobernante, en todo momento.
